PERÚ: PANORAMA POLÍTICO 2021–2026

Un vistazo a la situación del país Inca previo a las elecciones presidenciales

Durante el quinquenio 2021–2026, el Perú, pese a mantener de manera relativamente positiva sus principales indicadores macroeconómicos, ha estado marcado por una profunda y persistente inestabilidad política. Esta situación no es nueva: se arrastra desde 2016 y se refleja en la sucesión de cuatro presidentes en los cinco años posteriores. Dicho panorama no se modificó en el último quinquenio, periodo en el que el país llegó a tener tres presidentes con limitada capacidad de gobernabilidad y supeditados, en gran medida, a las decisiones del Congreso de la República.

En 2021 asumió la Presidencia Pedro Castillo, representante del partido Perú Libre, organización de tendencia socialista, tras un proceso electoral altamente polarizado. Sus opositores, con amplia representación en el Congreso, desconocieron inicialmente los resultados electorales alegando un supuesto fraude. Al no prosperar esta estrategia, desde el Parlamento —con el respaldo de la mayoría de los medios de comunicación— se inició una sostenida campaña de desestabilización contra el Poder Ejecutivo, caracterizada por la constante censura de ministros, acusaciones de corrupción y dos intentos de vacancia presidencial por la figura de “incapacidad moral permanente”.

Ante estas presiones, el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso sin contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Fue detenido de inmediato y el Congreso, pese a cuestionamientos sobre el procedimiento y los votos requeridos, aprobó su vacancia por un “intento de autogolpe”, siendo reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte.

Este hecho desencadenó una intensa protesta social que se prolongó hasta marzo de 2023, principalmente en el sur del país (Cusco, Puno, Arequipa y Ayacucho). En dicho contexto se produjeron graves actos de violencia, atribuibles en especial a la represión policial, que ocasionaron la muerte de cerca de medio centenar de personas, muchas de ellas civiles ajenos a los enfrentamientos. Estos hechos fueron denunciados, a nivel nacional e internacional, como violaciones a los derechos humanos.

Entre 2023 y 2024, el gobierno de Dina Boluarte enfrentó múltiples tensiones políticas y una severa crisis de gobernabilidad, evidenciada en los frecuentes cambios de gabinete y la falta de una conducción política eficaz. Su administración quedó subordinada a las decisiones de la mayoría congresal, un poder que, en la práctica, “gobernó desde la sombra”, aprobando normas orientadas a favorecer intereses personales, políticos y empresariales. Entre estas decisiones destacan la modificación de la Constitución mediante más de 80 normas, la aprobación de leyes favorables a la impunidad en casos de crimen y corrupción, la flexibilización de la minería informal, la autorización del doble sueldo para militares retirados y el incremento del gasto público sin el debido sustento fiscal, lo que contribuyó a un déficit en las finanzas del Estado.

Asimismo, el Congreso logró el control de instituciones clave del sistema democrático, como el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y, más recientemente, la Fiscalía de la Nación, con evidentes intenciones de extender su influencia sobre el Poder Judicial y el sistema electoral. Estas acciones generaron un amplio rechazo ciudadano, expresado en diversas movilizaciones y en altos niveles de desaprobación tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo.
La incapacidad de Boluarte para gobernar, las denuncias de corrupción y el agravamiento de la inseguridad ciudadana motivaron que, en octubre de 2025, el Congreso destituyera nuevamente a un presidente por la causal de “incapacidad moral permanente”.

Tras la vacancia de Boluarte, José Jeri, entonces presidente del Congreso, asumió la Presidencia interina, autodenominando su gestión como “Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional”, con el objetivo declarado de estabilizar el país hasta las elecciones generales de 2026. En una primera etapa, buscó proyectar una imagen de autoridad bajo el lema “El Perú a toda máquina”, realizando visitas a centros penitenciarios al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, participando en operativos policiales contra la delincuencia y decretando estados de emergencia —por periodos de 30 días— en Lima y Callao para enfrentar la criminalidad, la extorsión y la violencia urbana. No obstante, estas medidas de carácter temporal no produjeron resultados efectivos. Por el contrario, el crimen organizado y la extorsión continuaron en aumento, lo que dio lugar a nuevas protestas sociales, entre ellas el paro de transportistas públicos y la marcha desde el sur del país de familiares de víctimas de la represión policial, quienes denunciaron la paralización de las investigaciones judiciales.

Recientemente, el presidente Jeri se vio involucrado en el escándalo denominado “Chifagate”, relacionado con reuniones no transparentes con un empresario chino vinculadas a contratos con el Estado, lo que ha generado serias sospechas de tráfico de influencias. Este caso ha deteriorado aún más la confianza pública y ha dado lugar a investigaciones fiscales, así como a mociones de vacancia y censura en el Congreso.

En conclusión, el último quinquenio de la política peruana se ha caracterizado por una continua inestabilidad institucional, originada desde 2016, con múltiples presidentes en un corto periodo y un Poder Ejecutivo debilitado frente a un Parlamento que ha ejercido el poder desde las sombras, profundizando la crisis. En estos años, las principales fuerzas del Congreso —Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Renovación Popular (Rafael López Aliaga), Alianza para el Progreso (César Acuña), Somos Perú (partido del actual presidente interino), Perú Libre (Vladimir Cerrón), y Podemos Perú (José Luna)— han sido responsables de aprobar normas que han favorecido la impunidad frente al crimen y la corrupción, con el aval del Poder Ejecutivo.

Actualmente, los líderes y numerosos representantes de estas agrupaciones políticas son candidatos a la Presidencia, al Senado y a la Cámara de Diputados. He mencionado expresamente a los partidos y a sus principales dirigentes con el propósito de ofrecer al lector elementos de juicio que contribuyan a una elección informada en los comicios previstos para abril del presente año. El análisis del panorama electoral será desarrollado en un artículo posterior.